Auditorías inéditas muestran pagos irregulares por 765 mdp en Nuevo Aeropuerto

Por aristeguinoticias.com

Auditores observan anomalías en contrataciones con dependencias públicas, las cuales han servido para evadir licitaciones por más de 6 mil millones de pesos.

Las autoridades que construyen el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) han incurrido en pagos irregulares para obras o bienes que no se han entregado o no fueron aprobados y, en diversos procesos, han incumplido las normas de contratación y administración de obras públicas, muestran auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC).

Las observaciones de auditores internos que ahora revela Aristegui Noticias son por 765 millones 885 mil pesos. A esta cifra hay que sumar las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de 2016, que son por mil 17 millones de pesos.

De esta forma, las irregularidades documentadas, hasta ahora, son por mil 783 millones de pesos.

Además de pagos irregulares, los auditores han encontrado fallas en los sistemas de contratación.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha firmado convenios de colaboración con otras dependencias (como el Ejército, CFE, la UNAM, etc.) que no comprobaron tener capacidad técnica para realizar trabajos para los cuales fueron contratadas; este esquema les ha permitido evadir licitaciones públicas por más de 6 mil millones de pesos, muestran los documentos públicos.

Las empresas que han incurrido en actuaciones fuera de la norma van desde la encargada del diseño, FP-Free, hasta las responsables de obras periféricas que se realizan en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, según las primeras revisiones.

GACM afirmó, mediante correo electrónico, que ningún proceso está terminado al 100 por ciento y que al momento hay 29 procedimientos administrativos contra empresas o servidores públicos como resultado de conductas irregulares.

Las auditorías revisadas por Aristegui Noticias son parte de los intentos institucionales para frenar la corrupción desde las propias dependencias, mediante un esquema administrativo de observación del gasto y protocolos legales.

La primera etapa del proyecto está valuada en 186 mil millones de pesos y ha estado en el ‘ojo del huracán’ tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, quien ha dicho que planea cancelarla o entregarla totalmente a la iniciativa privada.

A CIEGAS

Según la página de transparencia, GACM tiene contratos por 6 mil 231 millones de pesos con dependencias públicas y universidades, lo que le permite realizar obras y estudios sin realizar licitaciones públicas.

La auditoría 01/2016 indica que las autoridades no acreditaron que las dependencias y entidades que participan en el proyecto tuvieran en efecto la capacidad técnica, material y humana para cumplir sus contratos.

Esta auditoría fue firmada por el titular del Órgano Interno de Control, José Alberto Calleros, y fue enviada al director general de GACM, Federico Patiño Márquez.

El documento solicita a las autoridades establecer los mecanismos que indica la legislación para fortalecer los procesos de compra.

En este rubro participan el Ejército mexicano (Sedena), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Servicio de Protección Federal y los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem).

Un reportaje de Aristegui Noticias documentó que Sedena obtuvo un contrato para construir la barda y camino perimetral del aeropuerto, pero en realidad subcontrató todas las tareas.

PAGOS IRREGULARES

En diciembre de 2017, los auditores ordenaron a la empresa FP-Free el reintegro de 754 millones 724 mil pesos por cobros que realizó fuera de la norma.

FP-FREE es el despacho de arquitectura que encabeza Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, uno de los empresarios que participa en la construcción y financiamiento del nuevo aeropuerto y quien ha defendido públicamente la necesidad de concluirlo.

FP-FREE, en consorcio con Servicios Smart Free a tu Nivel y Havaux y Foster + Partners Limited (del británico Norman Foster), está encargada del diseño de la terminal aérea mediante un contrato por 2 mil 692 millones de pesos, según la página de transparencia del proyecto.

La auditoría 05/2017 incluye siete observaciones, de las cuales dos se refieren al despacho de arquitectura por cobros que realizó al GACM fuera de norma.

La primera observación ordena al despacho regresar 61 millones 501 mil 723 pesos. Los revisores encontraron dos cargos improcedentes en el rubro de mano de obra, los cuales ya debían estar incluidos en su cotización original.

La segunda observación indica que GACM pagó 693 millones 222 mil pesos al despacho por trabajos extraordinarios que no estaban contemplados en el contrato original.

El documento indica que la dependencia no autorizó por escrito las “Estimaciones Extraordinarios” que se entregaron con conceptos fuera del catálogo, por lo que se ordenó el reintegro mediante descuentos en las siguientes facturas.

Dentro de estos conceptos destaca “mejoras y crecimiento” del diseño del Edificio Terminal, Torre de Control, Estación Intermodal y Estacionamiento; además de labores de “Evaluación de Amenaza de Explosivos” para el Edificio Terminal.

Las observaciones se recibieron el 17 y 19 de diciembre de 2017 y el OCI dio como plazo para subsanarlas hasta el 23 de febrero de 2018. En los documentos revisados en mayo por Aristegui Noticias no se observa ninguna actualización o trámite de estos procesos.

Mediante correo electrónico, Grupo Aeroportuario confirmó que no hay procesos administrativos que estén terminados al 100 por ciento, por lo cual las observaciones todavía se pueden subsanar.

Las auditorías fueron recibidas por Jaime Madinaveitia Villanueva, subdirector técnico de Procesos de Licitación, y por Jorge Ramírez Lavín, gerente de Residencia de Obra y de Lado Tierra, ambos de GACM.

Los auditores son Víctor Reyna Montalván, Felipe Parás García y Osvaldo Cárdenas Avelar, del Órgano Interno de Control.

Las observaciones restantes indican que la empresa que revisa los trabajos, Supervisión Infraestructura Aeroportuaria, instaló oficinas provisionales en la zona de obras para empleados de GACM, pero en realidad los lugares estaban ocupados por la contratista, por lo cual se ordenó la recuperación de 200 mil pesos.

Además, la bitácora de obra se abrió 23 días tarde y se ordenó la revisión de retenciones de impuestos.

FRAUDE AL PRESUPUESTO  

El 10 de abril de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó la inhabilitación por tres meses de Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos (Tracotamsa), una de las contratistas del aeropuerto, aunque no reportó el motivo.

La firma es propiedad de Rolando Cantú Barragán, primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y propietario de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

La auditoría 03/2017 revela que la empresa recibió pagos por 6 millones 782 mil pesos por “obra no ejecutada”, como parte del contrato por 54 millones de pesos para pavimentar calles del municipio de Texcoco.

Además de construir el aeropuerto, GACM tiene presupuesto para realizar obras de impacto social en municipios aledaños, como pavimentación de calles o incluso techar escuelas de nivel básico.

La empresa de Cantú Barragán tenía el objetivo de pavimentar 81 calles, pero sólo realizó los trabajos en 64. Además, los auditores encontraron que la firma decidió pavimentar nueve avenidas que no se especificaron en el contrato. En este rubro las irregularidades fueron por 4 millones 379 mil 559 pesos.

Entre otras fallas, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pagó 508 mil pesos a Tracotamsa por trabajos no autorizados y la bitácora de obra se abrió 18 días tarde.

La auditoría se entregó el 29 de septiembre de 2017 a Jaime Madinaveitia, subdirector de Procesos de Licitación y a Carlos Salinas Falero, gerente de residencia de obra de Infraestructura Aeroportuaria “A” Lado Tierra.

Los auditores fueron Jorge Organista Ordaz, Felipe Parás García, Judith Lerma Martinez, Osvaldo Cárdenas y Eduardo Martínez Legorreta.

En otra auditoría, el OIC encontró un pago por 365 mil 764 pesos a la empresa Acciones Grupo de Oro, por una computadora con tarjeta NVIDIA QUDRO K2200 y un rack (mueble que sirve para alojar equipo de cómputo y comunicaciones) para la sala “Show Room” del campamento, equipo que nunca se entregó.

FISCALIZACIÓN INCOMPLETA

La base de datos de las auditorías indica que el Órgano Interno de Control del GACM comenzó a operar el 15 de octubre de 2015, por lo que no hay revisiones internas a las tareas que se realizaron anteriormente.

Este tipo de revisiones  internas son de tipo administrativo y se complementan con el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aristegui Noticias consultó a GACM sobre los procesos vigentes y cuáles han sido sus consecuencias.

Mediante correo electrónico, la dependencia afirmó que: “Hasta el momento, las observaciones que han sido determinadas por el Órgano Interno de Control se encuentran en proceso de atención o solventación dentro de los términos que prevé la Ley para tal efecto, donde en caso de que dichas observaciones persistan, darán lugar a que se lleven a cabo las acciones tendientes a la recuperación de los montos que no hayan sido aclarados”.

La dependencia informó que “se cuenta con información que revela un total de 29 procedimientos administrativos instruidos ya sea en contra de empresas que participan en los diferentes procesos de contrataciones y/o servidores públicos, como resultado de conductas irregulares efectuadas en sus diferentes competencias”.

Sostuvo que “el Órgano Interno de Control en el Grupo Aeroportuario, se encuentra realizando los seguimientos e investigaciones necesarias para que los procedimientos administrativos se lleven a cabo hasta su consecución, con la finalidad de allegarse de los elementos suficientes y competentes que le permita en su caso, imponer las sanciones a que haya lugar en términos de Ley”.

“En consecuencia, resulta viable afirmar que en esta Entidad las observaciones del Órgano Interno de Control se respetan y se cumplen al cien por ciento”, afirmó la institución.

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