Exigen investigar a Minera Autlán y alcalde de Cuetzalan por asesinato de activista social

05/22/2018

Leticia Ánimas Vargas

  • La empresa y el edil podrían haber sentido afectados sus intereses al frenarse algunos megaproyectos, denuncian

Puebla, Pue.- Decenas de organizaciones y personalidades nacionales y extranjeras exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue el posible vínculo del asesinato del defensor de derechos humanos y del territorio, Manuel Gaspar Rodríguez, con los intereses “afectados” de la empresa Minera Autlán y del alcalde de Cuetzalan de extracción panista, Óscar Paula Cruz.

En una conferencia de medios realizada en la capital por representantes del MIocup-CNPA, el Consejo Tiyat Tlalli en la que condenaron el homicidio del activista suscitado el pasado 14 de Mayo en un motel de ese municipio serrano, indicaron que tanto la minera, como el presidente municipal podrían estimar que “al detenerse proyectos como El Aretón y la Línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Teziutlán II Tajín y el relleno sanitario intermunicipal de Cuetzalan”, fueron dañados.

Los activistas pidieron a la Fiscalía estatal que garantice una investigación seria, efectiva, eficaz e imparcial y que lleve a cabo por todos los medios disponibles y en el marco de su deber de debida diligencia, todos los actos de investigación necesarios para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.

Indicaron que se deben realizar diversos trámites que se han omitido como “solicitar la sábana de llamadas y mensajes telefónicos recibidos y mandados desde su celular horas previas a los hechos, los videos de las cámaras públicas y del motel-hotel donde lo encontraron, entrevistas a testigos trabajadores del motel-hotel”, para completar la indagatoria del crimen de Manuel Gaspar.

Aseguraron que la dependencia estatal ha obstaculizado el acceso a parientes y defensores a la carpeta de investigación y recordaron que hubo omisiones de parte de las autoridades debido a que no actuaron para proteger a la víctima a pesar de haberse dado a conocer el constante hostigamiento que sufrió.

Además anunciaron que ya acudieron a instancias nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos para presentar el caso y exigieron verdad y justicia además de que se adopten medidas urgentes para “cesar la criminalización en contra de organizaciones sociales y/o personas defensoras del derecho al territorio, el agua y los bienes comunes y de todos aquellos actores que por medio de la lucha y de la protesta social exigen el respeto de sus derechos”.

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