Creará confusión social dualidad de autoridades

Luego de que la Corte declarara la inconstitucionalidad de la reforma electoral, a mediados de julio de 2010 y hasta febrero de 2011, habrá en la entidad 2 gobernadores, uno electo y otro en funciones; 217 alcaldes en funciones y el mismo número de electos; 41 diputados locales electos y un número similar en funciones, lo que ha provocado controversias y discusiones ante este inédito, por prolongado, interregno.
“La confusión entre la población se generará porque todos los candidatos, durante su campaña político electoral, están obligados a realizar promesas y la población les demandará respuestas cuando ya alguno de ellos sea autoridad electa, pero pasarán 7 meses para que estén en facultad de decidir por dónde iniciar el cumplimiento de sus promesas”, dijo Dimas Chávez
Esto además les acarreará un desgaste natural previo a la toma de posesión con una consecuente, pérdida de capital político por la incapacidad de dar respuestas inmediatamente después del triunfo electoral, en tiempos en que la población no está dispuesta a aguantar mucho tiempo para ver cristalizadas sus demandas.
LA VISIÓN CIUDADANA
Mientras que a las autoridades en funciones no verán disminuido su poder de decisión, pues tendrán que cumplir con el presupuesto autorizado, ejecutando obras y acciones que, no necesariamente, coincidirán con las prioridades que señale la autoridad electa.
Sin embargo, dijo, “desde la ciudadanía no serán vistos más como los únicos que pueden tomar decisiones, ya que solicitarán y hasta presionarán a la autoridad electa para la satisfacción de sus demandas. Este esquema se agudizará en los municipios donde la autoridad electa sea de diferente partido a la que esté en funciones”.
Otra de las presiones internas que tendrá que vivir la autoridad electa será la de resolver las necesidades de los miembros de su planilla, “algunos tuvieron que pedir permiso a sus trabajos para poder participar en la campaña, otros pensarán que una vez electos, ya tienen derecho a un sueldo asignado”.
Dimas Chávez descartó que puedan suscitarse situaciones de ingobernabilidad por el largo periodo de 7 meses entre la elección y la toma de protesta de las nuevas autoridades, aunque admitió que sí se dará un juego entre acciones que retardan, y acciones que esperan, por ejemplo, el presidente municipal saliente va a retardar tratando de endosarle algunos asuntos al entrante, para que él ya no se vea obligado a hacerlos, mientras que el electo tenderá a acortar la espera para poder actuar”.
Esta convivencia política y administrativamente no genera ningún beneficio ni a la autoridad vigente ni a la autoridad electa, por el contrario sería recomendable que el Congreso legislara nuevos calendarios en los que si la elección será el primer domingo de julio, la toma de protesta sea el 30 de julio, y esto se ponga en práctica a más tardar en las siguientes elecciones locales, como sucede ya en las democracias modernas, propuso.